Se divulgaron nombres y destinos de espías en funciones, así como convenios con otros países entre 2016 y 2018. Piden que Caamaño vaya al Congreso a dar explicaciones.

La interventora de la Agencia Federal de Inteligencia (AFI) Cristina Caamaño entregó un documento a la Justicia, en el que figuraban nombres y destinos de espías en funciones, la identidad de exespías y convenios con otros países realizados entre 2016 y 2018. Los datos se filtraron y hay denuncias cruzadas en torno a los responsables.

Fueron 3850 las resoluciones enviadas por la titular del organismo a la Justicia, entre las que figuran 2000 nombres de espías y exagentes cuya identidad debe ser secreta, según establece el Código Penal. Además, se revelan datos de 12 espías argentinos en el exterior, con sus nombres y destinos.

Se trata de la filtración masiva de información de inteligencia más grande desde el regreso de la democracia. También salieron a la luz seis convenios secretos internacionales con los Estados Unidos, España, Bolivia y Paraguay, realizados durante la gestión de Gustavo Arribas y Silvia Majdalani al frente de la AFI. En ninguno de estos casos, se les preguntó a esos países u organismos si estaban de acuerdo con publicarlos.

En el marco de la causa de espionaje ilegal que se lleva adelante en los tribunales de Lomas de Zamora, a cargo del juez federal de Lomas de Zamora Juan Pablo Augé -por la que ya fueron procesados Arribas y Majdalani, los exdirectores de la agencia durante el gobierno de Mauricio Macri-, la Fiscalía requirió información a la AFI y la agencia entregó un documento sin reservar los datos sensibles.

El Libro de Protocolo de resoluciones, que contenía esta información, se subió al sistema “lex 100”, que consultan a través de la vía informática las partes. Como hay más de 80 partes en esa causa, allí se perdió la cadena de custodia de estos datos, y no se sabe quién pudo haber divulgado el contenido, que es de alta sensibilidad porque puede poner en riesgo la vida de agentes que están en el exterior. Uno de ellos, está en el Líbano, donde opera Hezbollah, con 15 años de actividad.

Tras la filtración, la fiscal Cecilia Incardona le solicitó al juez que se quite del sistema judicial el documento en cuestión. El magistrado lo hizo y ya no está más disponible.

En medio de este escándalo, los diputados de Juntos por el Cambio Cristian Ritondo, José Cano y Sebastián García de Luca, denunciaron el hecho al presidente de la Comisión Bicameral de Fiscalización de Organismos y Actividades de Inteligencia, el diputado oficialista Lepoldo Moreau, y pidieron que se tomen medidas respecto.

Según trascendió, Caamaño iría esta semana a esta Comisión de la Cámara baja para explicar a diputados y senadores cuál fue su responsabilidad en la esta filtración. La fecha la definirán este lunes.

Desde la AFI aseguran que enviaron los documentos con las aclaraciones del caso. Esta nueva gestión del organismo ya no hace reserva de la información, aunque sí pide el resguardo, por lo que apuntan contra los fiscales Incardona y Eyherabide por la filtración de estos datos.

Mientras que las fuentes judiciales se justifican alegando que están trabajando en un expediente digital y reclaman que la AFI debería haber omitido la información sensible para evitar que se reproduzca.

La más complicada en este caso es Caamaño, quien tenía el deber de guardar el secreto de Estado y, al revelarlo, estaría cometiendo un delito.

Por esta filtración, hay denuncias cruzadas, entre ellas, una de cuatro agentes jubilados que le apuntan directamente a Caamaño por divulgar secretos de Estado y otra de la AFI, firmada por su interventora, que no señala directamente a nadie, pero apuntaría a irregularidades cometidas por la fiscalía. Todas ellas se tramitan en juzgados de Comodoro Py.