Fernández volvió a criticar a la Justicia y anunció creación de un tribunal para limitar el poder de la Corte Suprema

En su discurso de apertura del año legislativo en el Congreso, el presidente Alberto Fernández volvió a cuestionar hoy a la Justicia y anunció la creación de un Tribunal Federal de Garantías que busca limitar el poder de la Corte Suprema. “El Poder Judicial está en crisis, parece vivir en los márgenes del sistema republicano”, aseguró el mandatario. También anunció que va impulsar una «querella criminal» contra quienes endeudaron el país, apuntando puntualmente al ex presidente Mauricio Macri.

“Sus miembros disfrutan de privilegios de los que no goza ningún miembro de la sociedad. Ningún magistrado ni funcionario judicial paga hoy el impuesto a las ganancias que sí tributan millones de trabajadores y funcionarios del sector público y privado. En el caso de los miembros de la Corte Suprema, acceder a la declaración jurada de sus bienes es virtualmente imposible”, señaló el presidente.

Según Alberto Fernández, el Tribunal Federal de Garantías tendrá competencia exclusivamente en cuestiones de arbitrariedad y al que se podrá llegar por vía del recurso extraordinario. “De ese modo, la Corte Suprema de Justicia de la Nación podría circunscribir su competencia a aquella temática que la Constitución Nacional expresamente le ha dado”, indicó.

Pero el cuestionamiento al funcionamiento de la Justicia no quedó allí. También le pidió al Congreso que cumpla un rol de control del Poder Judicial. “Institucionalmente, alguien debe ocuparse de ver lo que ha ocurrido y ver lo que está ocurriendo en la administración de justicia de nuestra república”, aseguró el Presidente.

Al recinto de sesiones del Congreso acudieron, además de la presidenta del Senado, Cristina Kirchner, y el titular de Diputados, Sergio Massa, miembros del gabinete nacional y un puñado de senadores y diputados, mientras el resto, incluidos los integrantes de la Corte Suprema, siguió las instancias de manera virtual.

Así, durante su discurso, el mandatario enumeró “desvíos” en los que incurren los funcionarios judiciales como, entre otros, “los femicidios que se consuman sin que muchos jueces y fiscales hagan lo necesario para impedirlos”, las “excarcelaciones improcedentes” y “las detenciones preventivas innecesarias”. También incluyó dentro de las críticas el “per saltum que le asignó extrema gravedad” al traslado de los jueces Bruglia, Bertuzzi y Castelli.

También anunció una querella criminal .»He instruido a las autoridades permanentes para que formalmente inicien una querella criminal tendiente a determinar quienes han sido los autores y participes de la mayor administración fraudulenta y de la mayor malversación de caudales que nuestra memoria recuerda».

«Somos nosotros los que queremos liberar de la deuda que otros tomaron. Sería bueno que reconozcan sus errores», dijo.

Fernández acusó al macrismo de haber incurrido en «administración fraudulenta» y «malversación de caudales» con el crédito multimillonario que le concedió el Fondo Monetario Internacional en 2018.

En su discurso de la Asamblea Legislativa, el mandatario también disparó contra el organismo multilateral: «A una Argentina en absoluto default el Fondo Monetario le otorgó un crédito de 55.000 millones de dólares, el más alto de su historia».

«De esa cifra se desembolsaron 44.000 millones de dólares que sólo se usaron para facilitar la salida de capitales especulativos con la absoluta anuencia de las autoridades de entonces», recriminó Fernández.

Y precisó que el crédito debe ser pagado en cuatro años: en 2022 hay que abonar 18.092 millones de dólares; el 2023, el monto asciende a 19.186 millones y en 2024 el pago de la deuda se cancela abonando 4.921 millones de dólares.

«Endeudar al país de ese modo, permitir que los recursos que ingresaron solo haya posibilitado la mas asombrosa fuga de divisas que nuestra historia registra y que la toma de semejantes créditos haya sido resueltas entre gallos y medianoche, sin intervenciones judiciales y técnicas previas con total irresponsabilidad y a espaldas de este Congreso nacional, no puede ser visto de otro modo que no sea una administración fraudulenta y una malversación de caudales públicos como nunca antes habíamos registrado», dijo.

El jefe de Estado dijo que el acuerdo firmado por el macrismo en 2018 merece una «revisión y tratamiento adecuado a la hora de su renegociación».

«Tanta mala fe de os tomadores del crédito y tanto desdén de los funcionarios políticos e un organismo multilateral no puede ser visto como un caso más», apuntó.

Y agregó: «Seguiremos nuestras negociaciones con total conciencia y con la firmeza que siempre hemos demostrado. No queremos apresurarnos. Apuro por acordar tienen los picaros de siempre. Nuestro Gobierno el único apuro que tiene es el de poner de pie a la producción y al trabajo».