Con el apoyo de un grupo de gobernadores, Fernández impulsó el juicio político contra los integrantes de la Corte Suprema

La decisión fue tomada luego de la cumbre que mantuvieron en la Casa Rosada. El texto del Poder Ejecutivo con el pedido de juicio político se girará este miércoles a la Cámara de Diputados.

Después de tres horas reunidos en Casa Rosada, el presidente Alberto Fernández y un grupo de gobernadores acordaron iniciar el juicio político contra los cuatro integrantes de la Corte Suprema de Justicia de la Nación.

Al término de la cumbre, un grupo de gobernadores encabezados por Jorge Capitanich informó a la prensa los principales puntos acordados. “La reunión tuvo como objeto propiciar la firma de un pedido de juicio político en el marco del artículo 53 de la Constitución Nacional en virtud del mal desempeño de los cuatro jueces de la Corte Suprema de Justicia de la Nación”, dijo el gobernador de Chaco.

La medida no solo es contra el presidente de la Corte, Horacio Rosatti, sino también contra Carlos Rosenkrantz, Juan Carlos Maqueda y Ricardo Lorenzetti.

“En ese contexto, el presidente Fernández, con la mayoría de los gobernadores y gobernadoras, hemos propiciado esta iniciativa en virtud de una serie de hechos como la violación de la ley de ética pública hasta el mal desempeño, a partir de decisiones que tienen que ver con la declaración de inconstitucionalidad de la ley del Consejo de la Magistratura con más de 16 años de vigencia y la restitución de la ley 24937″. La norma restaurada por la Corte conformó la Magistratura de acuerdo a la ley de 1997 -que había derogado el Congreso-, por la cual Rosatti quedó también como presidente del organismo que selecciona y remueve a los jueces.

“Conjuntamente con el fallo que favorece a la Ciudad de Buenos Aires, consideramos que esta Corte Suprema de Justicia manifiesta parcialidad. Hemos observado que los fallos favorecen una parcialidad política. Los jueces deben ser custodios y guardianes de la Constitución”, afirmó Capitanich.

Asimismo, acusó a los jueces de la Corte de “violar la Constitución Nacional y sus principios republicano y federal”.

“Las provincias argentinas nos sentimos damnificadas de manera antojadiza y sin ningún tipo de fundamento. No es cierto que no nos afecta, nos afecta la menor transferencia de recursos nacionales”, remarcó Capitanich, en referencia al fallo de la Corte a favor de la Ciudad de Buenos Aires sobre fondos nacionales coparticipables.

El gobernador Kicillof explicó que se va a girar el texto a la Comisión de Juicio Político de la Cámara de Diputados. “Se trata de algo que no tiene antecedentes en la historia; consideramos que la Corte avanzó sobre otros poderes como el Legislativo y el Ejecutivo en atribuciones que no le son propias”, explicó.

“La Comisión de Juicio Político resuelve y pone en marcha el procedimiento. Será el transcurso de las investigaciones, de las declaraciones la que vayan orientando el proceso. No es lo mismo la Cámara que la Comisión de Juicio Político”, dijo Kicillof con relación a los apoyos que el oficialismo podría conseguir en Diputados para que prospere el procedimiento.

“Creo que se va a presentar mañana”, comentó Kicillof, sobre el giro del texto de pedido de juicio político desde el Poder Ejecutivo a Diputados.

Hasta ahora son diez los mandatarios que apoyan el pedido de juicio político y el Gobierno nacional espera ampliar el número a los 18 gobernadores que la semana pasada se alinearon con la Casa Rosada en su puja con la Corte Suprema.