El exintendente Bravo, condenado a 5 años por trata
El exintendente y actual concejal de 25 de Mayo, David Bravo, sumó otra condena. Este miércoles, el Tribunal Oral Federal de Santa Rosa lo condenó a 5 años de prisión por el delito de trata de personas con fines de explotación sexual.
El TOF encontró culpable a Bravo -dirigente del peronismo- del delito de trata de personas en la modalidad de acogimiento de mujeres mayores de 18 años, mediante abuso de su situación de vulnerabilidad, con fines de explotación sexual, mediante el facilitamiento y obtención de provecho económico de su comercio sexual, cometido en perjuicio de más de tres víctimas y en el delito de sostenimiento de una casa de tolerancia. En tanto, declaró prescripto el delito de incumplimiento de funcionario público.
La sentencia, por supuesto, no está firme: se descuenta que apelará y el caso, eventualmente, llegará a instancias superiores.
El tribunal, además, condenó a 5 años a la dueña del prostíbulo, Nurys Caraballo Castillo por trata.
Por su parte, los jueces absolvieron al comisario que llegó también a juicio, Miguel Angel Oyarse. Había llegado acusado encubrimiento de los delitos.
Hoy solo se leyó la parte resolutiva. El próximo 24 se darán a conocer los fundamentos de la sentencia.
Bravo viene siendo investigado desde hace una década. Ya cumplió una condena del año 2013 a siete meses de prisión en suspenso y 14 meses de inhabilitación para ejercer cargos públicos por el delito de abuso de autoridad, en el marco de la habilitación irregular del prostíbulo El Rancho.
Los hechos que se juzgan se sucedieron entre 2010 y 2012. Según la acusación, el entonces jefe comunal no dispuso ninguna medida para cerrar el cabaret Venus luego de que se dictara una ordenanza en setiembre de 2010 que prohibía la actividad.
El abogado defensor, Gastón Gómez, había sostenido en los alegatos que Bravo desconocía que hubiera trata o prostitución en el local, que primero estaba habilitado como whiskería y luego, a partir de la ordenanza que las prohibía, como un restobar.
Sin embargo, la fiscala federal Iara Silvestre había remarcado que Bravo “sabía lo que pasaba” dentro del local cuando prorrogó la habilitación con otro nombre porque inclusive ya había salido el tema en los diarios. “Sabía lo que allí pasaba, tenía noticia por los medios y por denuncias anónimas, todo el mundo sabía que allí funcionaba un prostíbulo. Tenía 8 mil habitantes el pueblo, ¿todos sabían menos el intendente, que le hizo un trámite exprés en un día a esta señora para poder cambiarle el nombre?”, había argumentado.
